Desapariciones forzadas: el grito de justicia que Guatemala aún ignora

Por: Angel Aquino

Foto: Angel Aquino

Desde el inicio del conflicto armado en Guatemala hasta su finalización en 1996, La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) registró cerca de 45,000 víctimas de desaparición, incluyendo hombres, mujeres y niños. De estas, 23,671 corresponden a víctimas de ejecuciones arbitrarias y 6,159 a víctimas de desaparición forzada.

Entre las víctimas plenamente identificadas, el 83% eran mayas y el 17% eran ladinos. Además, se estima, que de las 45.000 personas que desparecieron durante el conflicto armado interno, 5.000 eran niños y niñas.

Estos crímenes en su mayoría permanecen sin resolución, ya que solo alrededor del 1% de los casos han tenido una sentencia judicial. Así lo dicta el informe “Guatemala memoria en silencio”, efectuado por la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) y el estudio “Guatemala: Desapariciones Forzadas y Ejecuciones Extrajudiciales”, realizado por La Comisión Internacional de Juristas.

La desaparición forzada se define como la privación de libertad de una persona de forma ilegal, sin que el Estado o sus agentes reconozcan la detención. Este crimen ha dejado una herida abierta en la historia de Guatemala.

Uno de los pocos casos con sentencia, es el caso: “Molina Theissen”, el cual involucra la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen , quien fue secuestrado en 1981 y en 2018, un tribunal condenó a tres exmilitares a penas que oscilan entre 33 y 58 años por su participación en la desaparición de Marco y por violaciones a una de sus hermanas. Este caso es emblemático por ser uno de los pocos donde se ha alcanzado una sentencia firme contra exfuncionarios del ejército.

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Historias que parecen olvidadas

Paula Mónaco Felipe, periodista y activista argentina, destacó la importancia de sensibilizar a la población sobre este tema, ya que aún existen discursos negacionistas y estigmas hacia las víctimas y sus familias. Además, hay una gran deuda de justicia para millas de personas.

Mónaco entiende bien estas situaciones, ya que sus padres fueron secuestrados y desaparecidos por el régimen de Jorge Videla en Argentina en 1975. Algo que la ha motivado a involucrarse en estos casos tan delicados. No solo desde el periodismo, sino, también, como victima y activista.

“En Guatemala es fundamental seguir promoviendo la justicia y diversas formas de memoria, no solo un día, sino todo el año. A mí, como periodista que he tenido la fortuna de trabajar en Guatemala, me sorprende visitar librerías y encontrar más libros que justifican el genocidio que aquellos que ofrecen una compensación histórica”, puntualizo Mónaco.

Adema, asegura que le asusta ir a eventos de conmemoración y ver que siempre están los mismos: un puñado de familiares directos. Esto significa que la sociedad les da la espalda, y aun no comprenden la importancia y gravedad de estos crímenes.

Mónaco analiza que uno de los mayores obstáculos para alcanzar la justicia radica en la transición de gobiernos. “Cuando asume el poder un gobierno progresista, parece que la justicia avanza; sin embargo, con la llegada de un gobierno conservador, todo se detiene”. No existe una política de memoria estable. La continuidad de estas políticas depende en gran medida del contexto y la voluntad política; sin ella, es imposible mantener iniciativas de memoria a lo largo del tiempo.

Otro de los obstáculos, según Mónaco, es la situación social y económica de las víctimas. El acceso a la justicia es más limitado para las personas que provienen de condiciones socioeconómicas humildes. En América Latina, estar en esa situación implica una condena a la posibilidad de desaparecer y que el caso queda totalmente impune si no se tienen recursos económicos.

Foto: Angel Aquino

Recuperación y desafíos

En enero de 2016, 14 exmilitares fueron arrestados por desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad relacionados con hallazgos en CREOMPAZ, un antiguo centro de detención clandestino en Cobán, que operó durante el conflicto armado en Guatemala. La Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) encontró 558 restos en exhumaciones realizadas entre 2012 y 2015, de los cuales 90 pertenecían a niños, muchos con signos de tortura y ejecución.

Edgar Telón, arqueólogo forense de la FAFG, trabaja en buscar, localizar y recuperar los restos de personas fallecidas o desaparecidas y devolverlos a sus familias. Para Telón, es importante que se reconozca el esfuerzo de la FAFG y que las personas no olviden los crímenes atroces perpetrados por el Estado a lo largo del tiempo.

Para Telón, uno de los retos más grandes que enfrenta la FAFG es la falta de información testimonial sobre los posibles lugares de enterramiento y la temporalidad de los entierros que se buscan. Además, el hallazgo de restos óseos incompletos y con erosión severa afecta la posibilidad de obtener perfiles genéticos de las osamentas y de los grupos familiares con personas desaparecidas, que se han tomado como parte de los peritajes antropológicos forenses.

 “En Guatemala hemos avanzado en la obtención de perfiles genéticos de los restos y de grupos familiares con personas desaparecidas. Este trabajo se ha realizado principalmente por instituciones no gubernamentales, a diferencia de otros países donde son las instituciones gubernamentales las que crean bancos genéticos”, explicó Telón al ser preguntado sobre el avance en la recolección y búsqueda de ADN, y si recibe apoyo del Estado.

Una deuda pendiente

El escritor y activista indígena Carlos Poyón, colaborador de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua), institución fundada por mujeres viudas y víctimas del conflicto armado interno para exigir el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas, señaló que el gobierno de Guatemala tiene una deuda histórica con los pueblos originarios debido a las masacres perpetradas contra ellos.

Poyón enfatizó la importancia de abordar estos temas en las escuelas y de continuar los esfuerzos para que la niñez y la juventud conozcan esta parte de la historia del país. A pesar de que los Acuerdos de Paz establecieron lineamientos y mecanismos para atender los problemas estructurales que originaron el conflicto armado, estos han resultado insuficientes.

“Es fundamental que se conozcan los hechos del conflicto armado, las violaciones a los derechos humanos y su impacto en las comunidades, para evitar que se repitan en el futuro”, afirmó Poyón. También instó a más personas a unirse a la lucha y no ser indiferentes ante estas problemáticas: "Si ellos no se unen, ¿quién lo hará?".

Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas conmemora desde 2010 el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada cada 30 de agosto, en honor a quienes han sido víctimas de estos crímenes, especialmente en contextos de dictaduras.

Mientras las familias buscan cerrar sus heridas, Guatemala vive la paradoja de una historia que algunos prefieren silenciar y otros recuerdan como un grito de justicia aún por atender.